EL PAIS 馃數 La polic铆a registr贸 6.903 b煤squedas sobre diputados de Podemos durante la guerra sucia del PP entre 2015 y 2016 – Shango Media
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EL PAIS 馃數 La polic铆a registr贸 6.903 b煤squedas sobre diputados de Podemos durante la guerra sucia del PP entre 2015 y 2016

La Polic铆a Nacional llev贸 a cabo al menos 6.903 b煤squedas sobre los diputados de Podemos en bases de datos del Ministerio de Interior entre 2015 y 2016, seg煤n la documentaci贸n enviada por el cuerpo a la Audiencia Nacional, que investiga este rastreo masivo policial al partido. Los archivos, a los que ha tenido acceso EL PA脥S, revelan algunos detalles de c贸mo se produjo el espionaje por parte de la denominada polic铆a patri贸tica contra los miembros de la formaci贸n, entonces liderada por Pablo Iglesias, en el marco en una presunta operaci贸n de guerra sucia por parte del Ejecutivo de Mariano Rajoy contra sus adversarios pol铆ticos.

el supuesto espionaje policial ilegal al extesorero del PP Luis B谩rcenas. 鈥淢irar los 69, se saca, pero hay que mirar uno a uno y, claro, deja rastro鈥, advert铆a entonces Garc铆a Casta帽o. El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz abri贸 una investigaci贸n judicial este febrero a ra铆z de una querella presentada por Podemos donde denunciaba haber sido v铆ctima de las maniobras de la Polic铆a Nacional y del Ministerio del Interior en 茅poca del Gobierno de Mariano Rajoy.

La Unidad de Asuntos Internos de la Polic铆a Nacional ha remitido ahora al juez el informe sobre el uso de bases de datos policiales en 2015 y 2016 para investigar distintos aspectos de la vida de los 69 parlamentarios de Podemos. En los datos enviados se observa una lista de tablas de Excel que pertenecen a la b煤squeda de 55 diputados de este partido. Algunos eran l铆deres conocidos entonces de la formaci贸n, adem谩s de Iglesias, 脥帽igo Errej贸n, Irene Montero o Pablo Bustinduy y otros que no ten铆an todav铆a tanto peso, como Yolanda D铆az o Ione Belarra. La informaci贸n proporcionada se ci帽e solo a los a帽os 2015 y 2016, pues son las fechas solicitadas por el juez, de manera que no hay datos sobre si se continu贸 la investigaci贸n a los diputados meses despu茅s.

El Juzgado Central de Instrucci贸n n煤mero 5 de la Audiencia Nacional hab铆a solicitado un informe de las solicitudes de acceso por funcionarios policiales a las bases de datos de la Polic铆a Nacional, con la identificaci贸n de cada agente, la fecha, la persona a la que iba dirigida la b煤squeda, el motivo y datos concretos que solicitaba y obtuviera de los diputados. Sin embargo, los ficheros enviados por la Polic铆a no aclaran algunos de los puntos a claves.

Los datos aportados Polic铆a se帽alan que las b煤squedas las realizaron 2.726 usuarios, pero no explica si un usuario equivale a un agente o que un polic铆a pueda acceder con varios usuarios distintos. De ser as铆, la cifra de implicados ser铆a excesiva y poco real, ya que equivaldr铆a al 3,66% de la plantilla de la Polic铆a Nacional. Las bases de datos m谩s recurrentes son Sidenpol (sobre denuncias), Argos (sobre detenciones, antecedentes o titulares de n煤meros de tel茅fono) y Objetos (sobre veh铆culos, placas de matr铆culas o bienes pertenecientes a personas). No cualquier agente puede consultar estas bases de datos, en los ficheros m谩s sensibles se exige introducir el carn茅 profesional con chip identificativo y una contrase帽a. Y todas las b煤squedas quedan registradas.

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Los rastreos por esos m谩s de 2.700 usuarios son muy diversos, no siguen un mismo patr贸n. Mientras que algunos solo realizan una 煤nica b煤squeda, otros llegaron a hacer una veintena a diferentes diputados y en varias fechas. Normalmente, coincide el usuario con una misma localizaci贸n, aunque no siempre con la misma IP (dispositivo conectado a internet).

Otro dato descontextualizado es el que aparece en la columna 鈥淧lantilla鈥 (en las tablas de Excel), en la que se cita 993 localizaciones de diferentes centros policiales, desde peque帽as oficinas de recepci贸n de denuncias hasta comisar铆as provinciales. Estas ubicaciones, que la polic铆a no matiza si son desde las que se realizaron las b煤squedas, est谩n repartidas por toda la geograf铆a espa帽ola. Por ejemplo, en el caso de Pablo Iglesias aparecen 23 diferentes, entre las que se encuentran la comisar铆a provincial de Alicante, la Brigada de informaci贸n de Barcelona o la comisar铆a general de la polic铆a judicial.

Pese al requerimiento de la justicia, la polic铆a no ha aportado la informaci贸n extra铆da de las b煤squedas. En las tablas de Excel aportadas aparece una columna con la palabra 鈥淥peraci贸n鈥, en la que se puede deducir el objetivo de cada rastreo. En m谩s de la mitad (3.966) se contabiliza como 鈥渄enunciantes por apellidos鈥, le sigue 鈥渃onsulta por nombre y apellidos鈥 (2.135) y en tercer lugar, muy de lejos, 鈥渄etenidos por apellidos鈥 (335). El resto hacen referencia a 鈥渉ospeder铆as鈥, 鈥渧uelos鈥, 鈥渏oyas鈥, entre otras.

El diputado que con m谩s registros es el entonces responsable de Finanzas y Transparencia de Podemos, Segundo Gonz谩lez Garc铆a. Fue rastreado m谩s de 900 veces entre el 2 de enero de 2015 y el 30 de diciembre de 2016. Mucho m谩s buscado que el propio l铆der de la formaci贸n de esos a帽os, Pablo Iglesias, que registra 121 b煤squedas. La segunda diputada m谩s buscada esos a帽os fue Luc铆a Mart铆n, con 800 b煤squedas. La diputada fue una de impulsoras de la plataforma Afectados por la Hipoteca y en 2015 fue elegida por Barcelona. Otros de los que m谩s b煤squedas tienen es el que exdirector de Greenpeace Espa帽a, Juan Antonio L贸pez Uralde (693 veces) y la actual secretaria de Estado de Derechos Sociales, Mar铆a Rosa Mart铆nez Rodr铆guez, m谩s de 700.

Tras conocerse la noticia, Iglesias ha pedido que 鈥渓os mandos policiales鈥 de la operaci贸n rindan cuentas ante la justicia. 鈥淟o que reforzar铆a nuestra democracia es que esos polic铆as acabaran en prisi贸n, creo que eso es muy dif铆cil que ocurra con una derecha judicial tan legitimada despu茅s del acuerdo del PSOE con el PP de repartirse el Consejo General del Poder Judicial, temo que esto va a quedar en la impunidad y que se va a seguir normalizando que en este pa铆s hay poderes impunes, poderes ajenos al derecho, que son los que realmente mandan m谩s all谩 de lo que decidan los ciudadanos鈥, ha agregado.

La recopilaci贸n y el uso de datos personales con fines policiales vulnera el derecho a la vida privada y familiar de una persona, as铆 como de su domicilio y correspondencia, seg煤n el art铆culo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que especifica que 鈥渘o podr谩 haber injerencia de la autoridad p煤blica鈥 a menos que esta sea 鈥渘ecesaria para la seguridad nacional, la seguridad p煤blica, el bienestar econ贸mico del pa铆s, la defensa del orden y la prevenci贸n de las infracciones penales鈥. El an谩lisis de estas b煤squedas reflejan una desproporcionalidad, tanto por el tiempo en el que se ejecut贸 este presunto espionaje como por la cantidad de b煤squedas realizadas en diferentes bases de datos.

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