EL PAIS ūüĒĶ El Supremo pregunta a la Fiscal√≠a si debe aplicar la amnist√≠a y mantiene la orden de detenci√≥n a Puigdemont – Shango Media
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EL PAIS ūüĒĶ El Supremo pregunta a la Fiscal√≠a si debe aplicar la amnist√≠a y mantiene la orden de detenci√≥n a Puigdemont

Apenas cinco horas despu√©s de que el Bolet√≠n Oficial del Estado (BOE) publicara la ley de amnist√≠a, marcando as√≠ su entrada en vigor, el Tribunal Supremo ha activado los tr√°mites para decidir si aplica la medida de gracia. El magistrado Pablo Llarena, instructor de la causa del proc√©s, ha dictado este martes una providencia en la que da un plazo de 5 d√≠as a las partes para que informen sobre si cabe aplicar o no la ley a los hechos que se atribuyen a Carles Puigdemont, Toni Com√≠n, Lluis Puig y Marta Rovira, los cuatro procesados en esta causa que est√°n huidos de la justicia espa√Īola. Llarena tambi√©n pregunta si debe mantener o modificar las medidas cautelares acordadas contra ellos, y ordena que se comunique a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad que ‚Äúcontin√ļan vigentes y activas las √≥rdenes nacionales de detenci√≥n‚ÄĚ de estos cuatro procesados, ‚Äúpor lo que deben proceder a su cumplimiento mientras esas decisiones no sean judicialmente modificadas o revocadas‚ÄĚ. Por su parte, el tribunal de la Sala de lo Penal que juzg√≥ la causa del proc√©s y la magistrada Susana Polo, como instructora del caso Tsunami Democratic, han dictado otras dos providencias en las que dan traslado tambi√©n a la Fiscal√≠a y al resto de partes para que presenten alegaciones a la aplicaci√≥n de la ley en esas causas.

Las resoluciones enviadas este martes por el Supremo se limitan a preguntar a las acusaciones (la Fiscal√≠a, la Abogac√≠a del Estado y Vox) y las defensas sobre el alcance de la ley de amnist√≠a en las distintas causas abiertas en el alto tribunal que pueden verse afectadas por la norma. Pero esas providencias contienen algunas pistas de las dudas que alberga la Sala Penal sobre si los encausados en el proc√©s y en Tsunami Democr√†tic pueden verse beneficiados por la amnist√≠a. La providencia del juez Llarena, a quien le corresponde decidir sobre los implicados en el proc√©s que est√°n huidos de la justicia espa√Īola, recuerda que el art√≠culo 1 de la ley establece los requisitos para exonerar de responsabilidad criminal a los actos tipificados como delito que hubieran sido presuntamente perpetrados en el contexto del proceso independentista catal√°n, ‚Äúpero excluyendo, siempre y en todo caso, los supuestos de hecho que el propio legislador recoge en su art√≠culo 2‚Ä≥, que es el que regula las excepciones a la medida de gracia. Entre esas excepciones, Llarena pone el foco en una: ‚ÄúLos actos tipificados como delitos que afectaran a los intereses financieros de la Uni√≥n Europea‚ÄĚ.

El instructor recuerda tambi√©n que el pre√°mbulo de la ley se√Īala que ‚Äúcorresponde al poder legislativo el establecimiento de los criterios para ser beneficiado por la amnist√≠a y corresponde al poder judicial identificar a las concretas personas comprendidas en el √°mbito de aplicaci√≥n establecido por el legislador‚ÄĚ. Es decir, que una vez que el Congreso ha aprobado la norma y el BOE la ha publicado, son los jueces quienes tiene que decidir qu√© encausados se ven beneficiados por la amnist√≠a.

El juez da instrucciones precisas a la Fiscal√≠a y las defensas sobre qu√© aspectos deben incluir en su informe: si la amnist√≠a debe aplicarse o no a los distintos delitos que se atribuyen a los encausados (malversaci√≥n y desobediencia en el caso de Puigdemont, Com√≠n y Puig y solo desobediencia en el de Rovira) y si se deben mantener ‚Äúo modificar‚ÄĚ las medidas cautelares acordadas contra ellos. De momento, las √≥rdenes de detenci√≥n siguen vigentes, recuerda Llarena, que ordena a la polic√≠a que arreste a los encausados si entran en Espa√Īa, lo que impide, por ahora, que Puigdemont y el resto de procesados viajen a Catalu√Īa sin riesgo a ser detenidos.

Los pronunciamientos que las partes remitan al Supremo, advierte el juez, deben prestar ‚Äúuna particular referencia a si los hechos se entienden comprendidos en las previsiones del art√≠culo 1 de la Ley para los delitos de desobediencia y malversaci√≥n de caudales p√ļblicos, as√≠ como si pueden considerarse excluidos del √°mbito de aplicaci√≥n de la Ley por la espec√≠fica previsi√≥n del legislador recogida en su art√≠culo 2.e‚ÄĚ, que es el que impide aplicar la medida de gracia a los hechos que hayan causado un da√Īo econ√≥mico a la UE. El instructor pone as√≠ sobre la mesa los dos apartados de la ley que pueden poner en peligro la amnist√≠a para Puigdemont: el posible perjuicio financiero para la Uni√≥n y los l√≠mites que la propia norma fija para beneficiar a los encausados por malversaci√≥n.

La ley establece que se amnistiar√° este delito si el desv√≠o de fondos estuvo destinado a financiar actos vinculados al proc√©s y ‚Äúsiempre que no haya existido prop√≥sito de enriquecimiento‚ÄĚ, entendido este como ‚Äúbeneficio personal de car√°cter patrimonial‚ÄĚ. Fuentes del tribunal llevan semanas advirtiendo de que los magistrados tienen que estudiar el encaje de este precepto en la jurisprudencia del Supremo, que se√Īala que el enriquecimiento no se produce solo cuando hay un lucro personal, sino tambi√©n cuando genera otro tipo de beneficios. Los fiscales que participaron el juicio del proc√©s se amparan en esa jurisprudencia para rechazar que la amnist√≠a se aplique al delito de malversaci√≥n, pero esa no es, de momento, la postura oficial del Ministerio P√ļblico.

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Respecto al da√Īo a los intereses de la UE, los fiscales del proc√©s sostienen que el uso de fondos p√ļblicos para financiar un proceso secesionista dentro de un Estado que forma parte de la Uni√≥n repercute negativamente en sus intereses financieros por el riesgo de fractura territorial y la consiguiente disminuci√≥n de los ingresos y fondos que forman parte de su presupuesto. No obstante, otras fuentes jur√≠dicas y fiscales consideran que este hipot√©tico da√Īo nunca se produjo y, por tanto, esa excepci√≥n de la ley de amnist√≠a no es aplicable en este caso.

Informe sobre Junqueras

Por su parte, el tribunal que juzg√≥ y sentenci√≥ la causa del proc√©s ha dictado otra providencia en la que da un plazo de 5 d√≠as a la Fiscal√≠a, la acusaci√≥n popular y las defensas para que se pronuncien sobre la aplicaci√≥n de la amnist√≠a a Oriol Junqueras, Ra√ľl Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa, los cuatro exconsejeros catalanes a los que el alto tribunal conden√≥ por malversaci√≥n y a los que el Gobierno indult√≥ la pena de c√°rcel, pero que siguen teniendo pendiente la de inhabilitaci√≥n. El informe que env√≠en las partes, a√Īaden los jueces, deber√° concretar ‚Äúlas consecuencias derivadas de lo previsto en los art√≠culos 1 y 2 de la Ley al regular los hechos amnistiables y sus exclusiones‚ÄĚ. ‚ÄúS√≥lo podr√° entenderse amnistiado un acto determinante de responsabilidad penal (‚Ķ) cuando as√≠ haya sido declarado por resoluci√≥n firme dictada por el √≥rgano competente para ello‚ÄĚ, recuerda el tribunal. La sala pide tambi√©n que se pronuncie el abogado de la exconsejera Clara Ponsat√≠, procesada por desobediencia y que, tras permanecer huida en B√©lgica durante seis a√Īos, se present√≥ ante el Supremo despu√©s de que una reforma penal pactada por el Gobierno y ERC eliminara el delito de sedici√≥n, por el que tambi√©n se le persegu√≠a y que pod√≠a acarrearle altas penas de c√°rcel

La magistrada instructora del caso Tsunami Democratic, Susana Polo, también ha dado traslado a las partes para que informen en el plazo de 10 días sobre la aplicabilidad o inaplicabilidad de la norma, conforme a los artículos 1 y 2 de la Ley, a los hechos que se atribuyen a Puigdemont y al diputado de ERC en el Parlament Rubén Wagensberg. Ambos están investigados por un supuesto delito de terrorismo, otra de las excepciones que contempla la ley de amnistía en determinados casos, por lo que las acusaciones y las defensas deberán fijar su postura sobre si los hechos que se le atribuyen al expresidente catalán y al parlamentario republicano caben bajo el paraguas de la medida de gracia.

Sobre Tsunami Democràtic ha pedido también informe a las partes el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, que instruye la causa para los encausados no aforados, entre ellos, la secretaria general de ERC Marta Rovira y el jefe de gabinete de Carles Puigdemont, Josep Lluís Alay. El instructor da 10 días de plazo a las acusaciones y las defensas para que se pronuncien si aplica la medida de gracia a los investigados, a los que atribuye un delito de terrorismo.

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