EL PAIS 🔵 Archivada la investigación a dos mandos de la Guardia Civil por el operativo en el que fueron asesinados dos agentes en Barbate

Carpetazo a la investigación a un general y un coronel de la Guardia Civil por las supuestas deficiencias en el operativo policial que desembocó, el pasado 9 de febrero, en el asesinato de los agentes Miguel Ángel González y David Pérez en el puerto de Barbate (Cádiz) al ser embestida la embarcación en la que iban por una narcolancha. La Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Cádiz ha concluido que la muerte de los dos guardias civiles fue responsabilidad exclusiva de los cuatro tripulantes de esta embarcación ―tres de los cuales ya han sido detenidos― y, en ningún caso, se puede responsabilizar de la misma a los dos altos mandos del instituto armado.

“El riesgo para la integridad física y la vida de los agentes de la guardia civil no se produjo por las condiciones en las que prestaban sus servicios, ni en concreto porque iban a bordo de una zodiac, embarcación de menor envergadura y potencia que las embarcaciones que se encontraban el muelle llamadas comúnmente narcolanchas, sino por la acción de la tripulación de la embarcación que embistió a la zodiac”, recalcan los tres magistrados en el auto, al que ha tenido acceso EL PAÍS. La resolución es firme y no admite recurso.

La investigación ahora archivada se había iniciado después de que la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) presentara en marzo una denuncia contra ambos mandos ―uno es el general jefe dela zona de Andalucía y el otro, el máximo responsable de la Comandancia de Cádiz― al considerar que cometieron un supuesto delito contra el derecho de los trabajadores al no facilitar a los dos agentes fallecidos y los cuatro compañeros que resultaron heridos en el suceso los medios necesarios para actuar aquella noche. Los denunciantes afirmaban que el general y el coronel fueron los que dieron las órdenes que ejecutaron las víctimas a pesar de conocer que los medios de que disponían eran notoriamente insuficientes e inadecuados ante la amenaza a la que debían enfrentarse a las seis narcolanchas que aquel día se habían refugiado en el puerto de Barbate ante el temporal que azotaba la costa gaditana.

La denuncia fue reforzada después con el testimonio de los cuatro guardias civiles que sobrevivieron y que ya en sus declaraciones durante la investigación del doble asesinato habían puesto de manifiesto la inferioridad de medios con la que hicieron frente aquel día a los delincuentes. “La barca en la que íbamos no estaba preparada para ese cometido de ninguna de las maneras”, señaló uno de ellos. Otro tildó de “súper absurdo” el dispositivo, que incluía desplegar una red en la bocana del puerto para impedir que los narcos pudieran escapar. Un tercer agente ofreció las grabaciones de las conversaciones telefónicas que mantuvo con uno de los mandos mandos y en la que se le ordenaba echarse al agua con una zódiac pese a su advertencia sobre el riesgo de que les arrollaran con las narcolanchas, como finalmente ocurrió.

Ahora, la Audiencia Provincial de Cádiz señala sin embargo que “lo habitual y por tanto previsible” en una situación como la que se vivió aquella noche en el puerto de Barbate era que “los delincuentes huyan ante la presencia policial, como hicieron los tripulantes del resto de las embarcaciones que estaban en el mismo lugar”. Por ello, concluyen que la muerte de los dos agentes y las heridas que sufrieron sus cuatro compañeros “se produjo únicamente por la actuación” de los ocupantes de la narcolancha que finalmente embistió la embarcación oficial y no como consecuencia de las ordenes que recibieron.

En su resolución judicial, los magistrados también rechazan el argumento esgrimido por la AUGC de que entre los cometidos específicos que tienen las unidades a las que pertenecían los agentes que iban en aquella zodiac ―unos pertenecían al Grupo de Actividades Subacuáticas de la Guardia Civil (GEAS) y otros al Grupo de Acción Rápida (GAR)― no se encontraba ni la lucha contra el narcotráfico ni la identificación de los tripulantes de embarcaciones sospechosas. La Audiencia de Cádiz señala que, como también apuntaba la Fiscalía en el escrito en el que pedía también el archivo de la causa, junto a las competencias “específicas” de estas unidades también hay unas “genéricas” del instituto armado que incluye asumir “las funciones y actividades que según la legislación vigente corresponde a la Guardia Civil, relacionada con el medio acuático y subacuático”. Por todo ello, los tres magistrados ordenan el sobreseimiento de las actuaciones.

La AUGC, a través de un comunicado, ha asegurado que la decisión de la Audiencia de Cádiz “genera una grave inquietud y un profundo descontento en el seno del cuerpo” y ha anunciado que “en los próximos días, iniciaremos las acciones legales oportunas para revertir esta decisión y trabajar para que se vuelva al punto inicial, donde los hechos puedan ser debidamente investigados y analizados” a pesar de que la resolución es firme y no admite recurso. La asociación profesional, la segunda más representativa en el instituto armado, insiste en que el archivo de la causa afecta “no solo a la confianza en las instituciones, sino también a los derechos y deberes que defendemos como integrantes de la Guardia Civil”.