EL MUNDO 🔵 Un nuevo cayuco con 216 personas migrantes, incluidos numerosos menores, desborda la isla de El Hierro
Más de 42.000 personas migrantes han llegado a Canarias en lo que va de 2024, consolidando al archipiélago como un destino habitual para quienes buscan una vida mejor. Cada mes, miles de migrantes arriban a las costas canarias en embarcaciones precarias, enfrentándose al peligroso Atlántico, en la ruta considerada la más mortífera del mundo.
La magnitud de esta crisis migratoria y las condiciones extremas que padecen los migrantes han colocado a Canarias en el epicentro de un fenómeno que se cobra miles de vidas al año.
En la tarde del sábado, un cayuco con 216 personas a bordo fue rescatado a unas 30 millas al sur del puerto de La Restinga, en la isla de El Hierro. La operación, coordinada por Salvamento Marítimo, movilizó a dos embarcaciones de rescate: la Salvamar Adhara y la Salvamar Acrux. La gran cantidad de personas a bordo de la embarcación obligó a reforzar el operativo para garantizar un rescate seguro.
Según fuentes de los servicios de emergencia, en el cayuco viajaban 216 personas africanas, en su mayoría varones, entre las que había 50 mujeres (4 de ellas embarazadas) y 21 menores de edad, en aparente buen estado de salud, que fueron atendidos en el propio puerto herreño por el Equipo de Respuesta Inmediata en Emergencias (ERIE) de Cruz Roja, los recursos sanitarios de Canarias, servicio de vigilancia del Puerto de La Restinga, Guardia Civil y Policía Nacional.
Según las mismas fuentes las personas migrantes habrían realizado una travesía de 10 días, desde la isla de Jinack, en Gambia. A bordo del cayuco viajaban personas de Senegal, Gambia, Niger, Guinea-Conakry y Costa de Marfil.
Este rescate se suma al de un cayuco que ha llegado esta mañana con otras 57 personas al puerto de La Restinga, también escoltadas por la Salvamar Acrux. En total, más de 600 personas migrantes han arribado a las islas Canarias en menos de 24 horas, un flujo que pone de manifiesto la presión migratoria a la que se enfrenta el archipiélago canario.
Este 2024, al que aún le falta un mes, la cifra de personas que han alcanzado el archipiélago asciende ya a casi 42.000, según los datos que maneja la administración insular.
Un sistema de acogida al límite
Está continua llegada de personas migrantes mantiene saturado el sistema de acogida en Canarias, lo que genera un clima de preocupación creciente entre los residentes del archipiélago. Muchos consideran insuficiente la respuesta del Gobierno de España para gestionar una situación que ya es insostenible. El limitado número de recursos disponibles, sumado a la falta de una política migratoria integral que alivie la carga en las islas, ha convertido este tema en el principal problema para los canarios.
La percepción en Canarias
Según el Sociobarómetro de Canarias, en su séptima edición publicada este mes de noviembre, la inmigración se sitúa como la preocupación más urgente para el 37,5% de la población encuestada. Este informe, realizado por el Centro UNED Gran Canaria desde 2020, refleja la evolución de las actitudes de los canarios frente a los desafíos sociales. Lejos de ser una cuestión aislada, los datos muestran cómo la inmigración supera en relevancia a otros problemas históricos de la región, como la pobreza (26,1%), la crisis del sistema sanitario (23,7%) y el desempleo (23,6%). El impacto social y económico La percepción sobre la inmigración en Canarias no solo está vinculada al incremento de llegadas, sino también a las limitaciones estructurales que enfrenta la región. El archipiélago, históricamente dependiente del turismo y con altos índices de pobreza y desempleo, ha visto cómo la llegada masiva de personas migrantes tensiona aún más sus recursos ya que los centros de acogida se encuentran desbordados.
Mientras que la población local demanda soluciones urgentes, las ONG y los colectivos sociales advierten sobre la necesidad de garantizar los derechos fundamentales de las personas migrantes. Por otro lado, el impacto económico de la gestión de la inmigración recae casi exclusivamente en las instituciones locales y autonómicas, que claman por una mayor implicación del Gobierno central y de la Unión Europea. Aunque Madrid ha anunciado en varias ocasiones medidas para mejorar el sistema de acogida, los habitantes de las islas consideran que las promesas no se han traducido en soluciones efectivas.
Un problema sin respuestas claras
El resultado del Sociobarómetro de Canarias pone de relieve el desgaste emocional y social que sufre la población canaria ante lo que perciben como una crisis crónica. Al tratarse de una región periférica de la Unión Europea, las Canarias enfrentan un flujo migratorio constante que, para muchos, no está siendo gestionado con la urgencia que requiere. Las soluciones a corto plazo, como el aumento de plazas en los centros de acogida o el traslado de migrantes a la península, han resultado insuficientes para abordar el problema de fondo. Mientras tanto, la situación en países de origen y tránsito, como Senegal, Mali o Marruecos, sigue empujando a miles de personas a embarcarse en travesías peligrosas hacia el archipiélago.
La inmigración en Canarias no es un fenómeno nuevo, pero su intensidad actual exige un cambio de enfoque tanto a nivel nacional como europeo. Los datos reflejan una necesidad urgente de políticas más ambiciosas que no solo fortalezcan el sistema de acogida, sino que también afronten las causas estructurales de la migración en los países de origen. En el corto plazo, la colaboración entre administraciones, la mejora de la gestión de recursos y un plan integral de redistribución de personas migrantes en el territorio nacional serán clave para aliviar la presión sobre las islas. Sin embargo, si no se toman medidas a largo plazo, el sentimiento de abandono y la frustración de los canarios continuarán creciendo, agravando la percepción de la inmigración como un problema.
En respuesta al incremento de las llegadas a Canarias, se están adoptando medidas como el aumento de plazas en los centros de acogida y el traslado de migrantes hacia la península, aunque en este aspecto avanza de manera lenta. La isla de El Hierro, en particular, ha asumido la mayor parte de estas llegadas, generando una presión significativa sobre sus recursos limitados. Informes de instituciones públicas, como la oficina del Defensor del Pueblo, subrayan la necesidad de una gestión más coordinada que refuerce los sistemas de acogida y garantice una redistribución equitativa de responsabilidades entre los estados miembros de la Unión Europea, al tiempo que se aborden las causas estructurales que impulsan estos flujos migratorios.
También organismos de defensa de los derechos humanos y diversas organizaciones no gubernamentales coinciden en que la situación requiere una respuesta más integral y coordinada por parte de las administraciones públicas. Insisten en que es fundamental garantizar que los recursos disponibles no se vean sobrepasados y que los derechos de las personas migrantes, especialmente de los menores no acompañados, sean protegidos en todo momento, cumpliendo con los estándares internacionales de derechos humanos.